El presente artículo analiza la Propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento
 sobre la protección de los adultos vulnerables en situaciones transfronterizas. En la actualidad, en la Unión Europea encontramos un panorama de fragmentación y diversidad normativa en relación con la protección de adultos vulnerables, tanto en las normas sustantivas como en las normas de Derecho Internacional privado. Con una ambiciosa apuesta de combinar un nuevo Reglamento con el ya existente Convenio de La Haya del 2000 sobre protección internacional de adultos vulnerables, el legislador de la UE pretende hacer frente a la actual inseguridad jurídica a la que se ven abocados los adultos vulnerables en situaciones transfronterizas, ofreciendo una armonización que redunde en adecuada protección de sus derechos fundamentales en el seno de la Unión.
 
 

Este artículo reseña: Isabel Antón Juárez. Litigación internacional en la Unión Europea (VI). El proceso monitorio europeo, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2022, 357 pp.

Este artículo reseña: Marta Requejo Isidro (Ed.). Brussels I Bis. A Commentary on Regulation (EU)No 1215/2012. Elgar Commentaries in Private International Law series, 2022, 1024 pp. ISBN: 978 1 78990 816 9

El sistema energético mundial se encuentra sometido a una enorme perturbación como consecuencia de la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Para la Unión Europea ha supuesto un aumento considerable de los precios del gas, por la gran dependencia que tiene de las importaciones de esta materia prima procedentes del territorio invasor. Como consecuencia, la electricidad también ha experimentado un aumento de los precios alarmante por su condición de energía derivada que puede ser obtenida de las fuentes primarias como el gas. Esta situación ha provocado que se tenga que pagar más por los bienes y servicios, ya que la energía resulta necesaria para cualquier actividad humana. Por lo tanto, se comprende la importancia que tiene en estos momentos asegurar el suministro y reducir la inflación. Para que las transacciones no se vean afectadas, se presta atención a la aplicación de las normas del comercio internacional, así como al pactum de lege utenda en los contratos de electricidad. El objetivo es ofrecer una visión panorámica del funcionamiento de las normas de Derecho internacional privado en este particular sector de la actividad económica sin que se pierdan de vista las peculiaridades que gobiernan el uso de electricidad y que condicionan cualquier actuación en materia de intercambios.

En el presente trabajo, analizo el derecho a la reagrupación familiar de extranjeros divorciados y vueltos a casar procedentes de países islámicos, a la luz de dos recientes e importantes sentencias del Tribunal Supremo (TS). El TS ha sentado doctrina legal, afirmando la innecesaridad del exequatur de la sentencia de divorcio del primer matrimonio, para probar que el segundo matrimonio no es poligámico de cara a la solicitud del visado y permiso de residencia por reagrupación familiar.

Los litigios que tienen por objeto una cesión de créditos con elemento internacional plantean numerosos inconvenientes, en particular, por lo que respecta al sector de la ley aplicable. En el caso de la Sentencia examinada, la Audiencia Provincial de Soria rechaza la aplicación directa del Derecho Privado interno, sin el previo recurso a las normas de Derecho internacional privado vigentes en España, declarando que el Tribunal se encuentra facultado para aplicar de oficio las normas de conflicto relativas a la ley aplicable al contrato de cesión de créditos. Ello, con la finalidad de verificar si ha tenido lugar válidamente la sucesión procesal por transmisión del crédito litigioso en favor de la empresa demandante.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de junio de 2022, en el asunto C-617/20, gira en torno a la validez de la declaración relativa a la renuncia a la herencia realizada ante el Tribunal de residencia del declarante. La cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 13 y 28 del Reglamento de sucesiones; y el debate se centra en si, para considerar válida la comunicación al Tribunal del procedimiento sucesorio de la declaración de renuncia realizada en el Estado miembro de la residencia del declarante, de conformidad con los requisitos de la ley de ese lugar, es necesario cumplir con los requisitos formales establecidos en la ley de la sucesión a tenor del Considerando 32 del Reglamento.

A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) A contra B, de 2 de agosto de 2021, põe em confronto o regime jurídico do direito de asilo e o rapto internacional de crianças e, nesta medida, justifica a nossa atenção e o comentário que agora apresentamos. A questão controvertida residia em determinar se a transferência de uma criança para outro Estado-Membro, devido a uma decisão administrativa tomada de acordo com o Regulamento n.º 604/2013, de 26 de junho de 2013, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida (Regulamento Dublin III) constituía uma deslocação ilícita de crianças, nos termos do Regulamento n.º 2201/2003, de 27 de Novembro de 2003, relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental (Regulamento Bruxelas II bis) e da Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças (Convenção de Haia). Este caso põe em confronto o regime jurídico do rapto internacional de crianças e do direito de asilo. O que passaremos a analisar em seguida é em que termos é possível harmonizar a aplicação de ambos os regimes jurídicos, tendo em consideração o superior interesse da criança e, utilizando como exemplo ilustrativo, a referida decisão do TJUE.

El Auto del TJUE de 24 de junio de 2022 en el caso K.S.-S.V.D. confirma la jurisprudencia del caso Pancharevo dictada seis meses antes y obliga a los Estados miembros a reconocer la relación de filiación constituida entre una menor y sus dos madres en un Estado miembro a los solos efectos de la expedición de los documentos necesarios para que éstas puedan ejercer su derecho a la libre circulación y residencia.

El presente trabajo explicará los extremos más relevantes acerca de la exigencia de declaración de idoneidad en las adopciones internacionales, en particular, por lo que respecta a su eficacia en nuestro país y a su inscripción en el Registro Civil Español. Este análisis ayudará a entender la postura de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que en su Resolución (51ª) de 8 de febrero de 2021**, deniega la solicitud de inscripción en el RCE de una adopción constituida en Guinea Ecuatorial respecto de un menor nacional y residente en dicho país, con fundamento en el art.26.3 LAI, al rechazar la Entidad Pública la expedición de certificado de idoneidad de los adoptantes.