El presente trabajo tiene como objetivo compartir aprendizajes y propuestas a partir de la facilitación de veinticinco procesos restaurativos en el contexto de victimización sexual de menores por personas adultas (profesores, sacerdotes, religiosas) pertenecientes a instituciones de la Iglesia Católica. En dichos procesos han participado trece personas que fueron abusadas, once personas que agredieron, y cuatro provinciales y representantes de congregaciones religiosas y dos personas en calidad de cónyuge y amigo personal de la víctima. Los procesos restaurativos han sido encuentros y círculos entre víctimas y representantes de la institución, encuentros directos entre víctima y agresor-a y círculos entre la víctima y otras personas religiosas de la época.

Desde hace ya algún tiempo, se percibe un cambio en la sociedad hacia los animales, viendo en ellos seres vivos con sus propios sentimientos, debiendo ser protegidos como lo que son. No obstante, los animales de compañía son también objeto de transmisiones gratuitas y onerosas. El estudio examina el impacto de la Ley 7/2021 en la compraventa de animales de compañía, así como también su regulación en la futura Ley de protección, derechos y bienestar de los animales.
 La lectura que debemos hacer en el futuro debe ser otra. No puede concebirse la compraventa de un animal, como tampoco ninguna otra transmisión «inter vivos» o «mortis causa», como una mera transacción de una cosa, sino que quien vende y compra un animal de compañía debe ser plenamente consciente de los deberes que tiene cada uno con el animal antes, durante y después de la transacción.

Los enunciados del Derecho penal (legislacin, jurisprudencia y dogmtica) presentan carcter normativo. Con el fin de evitar la arbitrariedad de los enunciados que empleamos (el riesgo de constructivismo), es preciso establecer ciertos lmites y condicionamientos. Estos lmites no son de carcter emprico, sino normativo. Concretamente, se propone que dichos lmites provienen de la coherencia lgica, la consistencia valorativa y la capacidad performativa de los enunciados. Establecidos estos lmites, se procede a ejemplificar cmo se presentan en diversas operaciones

In family court proceedings, the hearing of the minor children must be conceived as an essential procedural action. Compliance with the criteria that must be taken into account becomes essential according to respect their rights. There are still disparate criteria and the procedural regulation is insufficient and deficient. This problem generates the violation of the children's rights in the procedures that affect him and that his manifestations can be taken into account, with damages that this violation causes to the person. This article discusses these imbalances, in addition to alluding to the legal nature of this right and the normative sources where it is regulated.

This paper examines the right of people with disabilities to make their own decisions in the field of healthcare. In particular, the article focuses on the informed consent from the Spanish and Catalan perspective. Health regulations have not been adapted to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which generates contradictions with the new paradigm that need to be rectified. It lists the cases in which the person with a disability can consent and the cases in which another person with representative functions consents. These cases lead to the analysis of the advance will, substituted judgment, and the patient's best interests. The work concludes with a jurisprudential study that announces frictions with the new regulation.

The paper analyzes the fact that the Constitutional Court has limited the proporcionality control. Especially, the focus is on the rejection by the Constitutional Court to use the so-called chilling effect doctrine, whose main objective is to make effective the requirements of the principle of proportionality.

All the legal systems in Europe address the regulation of the so-called «illegal» or «illicit contracts», which are sanctioned with some type of invalidation.However, they deal with this issue by means of very different instruments, institutions, and legislative techniques, like the «illegal contractual cause», the contrariness to public morality (gute Sitten) or, among others, the category of «illegality» at common law.Doubtless, this disparity of approaches constitutes an important technical-juridical barrier to any attempt at harmonization of the Contract Law at a European level.However, a uniquely audacious and thoughtprovoking proposal for a uniform approach to illegal contracts has emerged throughout two basic instruments of soft law: the Principles of European Contract Law and the Draft Common Frame of Reference.Both regulatory texts are based on the essential distinction between contracts that are contrary to principles regarded as fundamental in the legal systems of the EU Member States, and those that infringe mandatory rules.The purpose of this paper is to analyse and describe these topics, taking into account both the instruments of soft law as well as the existing European case law.

se identifican aquellas cuestiones

La ley de sociedades de capital prev un mecanismo para empoderar a los socios minoritarios mediante la capacidad de designar consejeros dominicales sin el concurso de la mayora, es decir, del socio o socios de control. El sistema de representacin proporcional (art. 243 LSC) tiene el propsito de dar voz a los socios minoritarios, en lnea con las tendencias ms innovadoras de gobierno corporativo y activismo accionarial. La presencia de dominicales minoritarios en los consejos presenta cuestiones de inters en nuestro Derecho. Por un lado, el encaje de los consejeros dominicales -sean minoritarios o de control-en el estatuto jurdico de los administradores. Al tratarse de consejeros naturalmente dependientes del socio que los designa, sufren un conflicto de lealtades entre servir a la sociedad o a su dominus. El Derecho de sociedades trata de mitigarlo a travs del deber de independencia (art. 228 d) LSC), o de reglas de abstencin en conflictos de inters (art. 228 c) LSC). Por otro lado, la doctrina del competidor, consagrada en los artculos 229.1 f) y 224.2 LSC, se aplica solamente a los dominicales minoritarios, y funciona como un blindaje para evitar la entrada de estos dominicales en el consejo sin el consentimiento del socio de control. Al final, el sesgo pro mayoritario, imperante entre nosotros, conduce a un tratamiento asimtrico de los dominicales de control respecto a los dominicales minoritarios y rebaja la calidad del gobierno corporativo.