En 2000, la Unión Europea expidió la Carta de los Derechos Fundamentales y estableció el “Derecho a la buena administración”; por su parte, en el 2013, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) promulgó la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano, en la que consagró aquel derecho. Posteriormente, ha habido un importante desarrollo teórico sobre el sentido y alcance de este principio o derecho, especialmente entre los doctrinantes del derecho administrativo. El objetivo del artículo es establecer el significado y alcance del Derecho Fundamental a la Buena Administración Pública (DFBAP), así como su desarrollo en algunos países iberoamericanos y su aplicación en Colombia. Para esto, se emplea un método cualitativo con un tipo de estudio descriptivo y exploratorio, usando técnicas de análisis documental y observación directa. Para el análisis, se estudiaron tres casos de procedimientos administrativos para verificar el cumplimiento del DFBAP. Se concluye que el DFBAP no es derecho nuevo, sino un conjunto de principios y garantías ya consagrados en declaraciones de derechos y en la mayoría de las constituciones. Sin embargo, al presentarse como una unidad, ha generado un mayor impacto que cada uno de los derechos de forma separada, por lo que ha pasado de ser una preocupación doctrinal y legal a tener un desarrollo y aplicación jurisprudencial en la resolución de controversias judiciales.

La auditoría gubernamental es un proceso que fortalece el sistema de integridad pública, actuando como un mecanismo de fiscalización sobre el uso de los recursos públicos, de los cuales son responsables diferentes entidades del estado. La investigación analiza los patrones recurrentes en los hallazgos de fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República de Chile durante el periodo 2020 - 2023, mediante la aplicación de un enfoque mixto. Desde la perspectiva cuantitativa se emplea un modelo de procesamiento de lenguaje LDA, cuyos resultados se integran con un análisis cualitativo, interpretando los tópicos obtenidos a través de la comparación con la literatura y el conocimiento experto. Entre los principales hallazgos se evidenciaron nueves tópicos que abordan debilidades asociadas a contratos y servicios contratados, bienes institucionales, proceso contable, remuneraciones, rendiciones de cuentas, fiscalizaciones en terreno, beneficios alimentarios, residencias sanitarias, conciliaciones bancarias. Se concluye, que a pesar de existir regulaciones que norman el uso de los recursos públicos, aún faltan acciones que apoyen su correcta utilización y rendición por parte de las entidades responsables, así como la aplicación de acciones correctivas o sanciones por los incumplimientos normativos, que actúen como un mecanismo que promuevan la probidad administrativa en beneficio del interés público.

El presente artículo evalúa un proceso de gobernanza colaborativa realizado en Chile a escala regional. Se convocó a actores públicos y privados con el fin de definir desafíos y compromisos para la sostenibilidad e inclusión de la región de Los Lagos bajo un enfoque colaborativo de gobernanza, que concluyó con un conjunto de compromisos públicos y privados para ocho sectores productivos. El estudio aplica un modelo evaluativo integrado de la experiencia, que combina la evaluación de objetivos y de procesos. Se diseñaron y aplicaron instrumentos de evaluación consistentes en análisis documental y tres encuestas de percepción dirigidas a los actores involucrados. Los resultados indican alta adhesión a nuevas formas de gobernanza colaborativa, una valoración positiva de la experiencia y disposición para participar de procesos similares, además de una percepción optimista sobre el cumplimiento de los compromisos pactados. No obstante, los actores señalaron que el financiamiento público de las iniciativas y la coordinación representan los aspectos más críticos para el cumplimiento de los compromisos establecidos. Este trabajo constituye una contribución al campo de la evaluación, un área menos desarrollada en el análisis de políticas y programas públicos, al aportar evidencia empírica sobre modelos evaluativos de experiencias de gobernanza colaborativa.

La transparencia es un aspecto fundamental en el desarrollo de la función pública. El objeto de este trabajo es analizar cuantitativamente el impacto de factores organizacionales, culturales e individuales en las actitudes de los funcionarios públicos de Chile hacia la transparencia. La metodología empleada incluye modelos logit utilizando datos de una encuesta aplicada en el sector público de este país en 2020. Los resultados revelaron complejidades y contradicciones en la relación entre estos factores y las actitudes favorables a la transparencia. Los factores significativos fueron los culturales y organizacionales. En cuanto a los factores culturales, la percepción de posibles represalias y la falta de relevancia para denunciar actos indebidos tuvieron una relación negativa con las actitudes pro-transparencia. Respecto a los factores organizacionales, los funcionarios en estamentos directivos y profesionales mostraron una mayor propensión a dudar sobre denunciar actos de corrupción, desafiando la expectativa de la problemática agente-principal.

El uso de información de desempeño (ID) es la utilización sistemática de la información del resultado e impacto de las políticas en el proceso de toma de decisiones. La evidencia empírica disponible reporta una utilización limitada de ID por parte de los legisladores en el ámbito global. En ese contexto, esta investigación responde a la pregunta: ¿Qué factores influencian el uso de ID en los concejales del municipio de Maracaibo, del estado de Zulia, en Venezuela, durante la aprobación del presupuesto? Se aplicó un diseño de investigación cualitativo, en específico un estudio de caso simple con entrevistas semiestructuradas y análisis temático. Se concluye que la escasez y baja calidad de la información, la existencia de arenas formales e informales en la aprobación del presupuesto y las restricciones de acceso a ID para los concejales de oposición, son los principales factores que moldean las tendencias de uso.

Aunque es sabido que la compra o contratación pública -con carácter general- ha ido avanzando en temas normativos y en un articulado complementario a la propia ley, no ha sido una tarea suficiente para mejorar los sistemas de adquisiciones tanto en su operatoria como en la disminución de malas prácticas o actos de corrupción. Los sistemas de control tradicionales no son suficientes, como tampoco la aplicación de las mismas dinámicas de trabajo y la gestión de la información que genera el proceso. Es aquí donde la integridad y un marco de actuación operativo al respecto podrían jugar un rol importante, sobre todo si se le desarrolla desde lo que tiene que decir el control, los sistemas de gestión de la información y una visión gerencial que englobe y dirija lo anterior. Para que la compra pública pueda jugar un papel estratégico y cumplir con criterios ambientales, sociales y de carácter innovativo tan demandados por estos tiempos y, sobre todo, brinde el beneficio de una adquisición oportuna, eficaz, eficiente y transparente, se hace imperativo: insertarla dentro de un marco de integridad que garantice el uso de recursos de forma transparente y por los cuales se rinda cuenta; un respeto a ley y a los marcos éticos; y una gestión interna óptima de todos los medios disponibles. Es entonces indispensable gestionar esta integridad desde una visión que englobe todo su ciclo de compra, donde el análisis y gestión permanente de sus etapas muestre no solo que se cumple la normativa y ética al respecto, sino que evidencie qué elementos no están agregando valor. El objetivo de este documento es señalar la relevancia que posee el control, los sistemas de gestión de la información y una visión gerencial y holística en un ciclo de compra pública, buscando destacar aspectos operativos en ellos que puedan mejorar y/o reforzar cada etapa de este proceso y sus resultados en lo referente al concepto de integridad. Asimismo, este trabajo desea complementar la visión mayormente legalista que se tiene de la operatoria de esta materia de abastecimiento, como expresa el Banco Mundial (2016b: 2) que “en síntesis, la contratación pública es un proceso de negocio dentro de un sistema público”.

Este documento analiza la percepción de los responsables de los servicios sociales de las diecisiete comunidades autónomas españolas sobre el nivel de integración de las innovaciones tecnológicas. Se utiliza un enfoque cualitativo, a partir de un cuestionario basado en la escala Likert, elaborado sobre la base de una propuesta inicial del Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón, que indaga de forma genérica en la innovación pública y contempla un apartado específico para la innovación tecnológica. A juicio de sus responsables, existe una implantación desigual de la innovación tecnológica en los servicios sociales entre las diferentes comunidades autónomas o regiones españolas, con un nivel general medio-bajo. Andalucía y Castilla La Mancha son las comunidades autónomas que presentan un mayor nivel de desarrollo, mientras que Baleares, Canarias, Cantabria y Extremadura son las que menos. El nivel de integración de las innovaciones tecnológicas tiene que ver con el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas y con el apoyo técnico al conjunto de la organización. Igualmente, favorece el camino hacia el nuevo campo de la inteligencia artificial, el machine learning, etc. Esta investigación ofrece el primer análisis a nivel país sobre el grado de implementación de la innovación tecnológica de los servicios sociales desde una perspectiva cualitativa. Este hecho constituye una acción innovadora tanto en lo que hace relación al método (centrado en la percepción de los responsables) como al objeto (los servicios sociales públicos). Por otra parte, este método presenta una alta potencialidad de ser aplicado en otros ámbitos públicos y países.

Chile es uno de los pocos países de América Latina que no ha reconocido a los pueblos indígenas como constitucionales. Pese a esta limitante, se ha generado un progresivo desarrollo jurídico-legal que ha ido formalizando sus derechos y participación en la sociedad. Tomando una perspectiva institucionalista-histórica, en este artículo se examina esta evolución a partir del análisis de poco más de mil cuerpos legales, varias decenas de comités, consejos y comisiones creados para representar los intereses indígenas. Se observa una gradual densificación de los marcos formales que regulan los derechos de las comunidades indígenas en lo que se ha denominado una “juridización de la temática indígena”. Luego se sistematizan poco más de 20 mil cargos de representación para observar hasta qué punto esta “juridización” ha tenido efecto en una mayor presencia de representantes indígenas en cargos de poder. Se concluye que, pese a la densificación jurídico-formal, los espacios institucionales interculturales tienden a ser predominantemente consultivos y se advierte una mayor presencia de ellos a nivel local, más que nacional. El trabajo constituye una contribución empírica relevante al sistematizar por primera vez los espacios institucionales interculturales en el país. Desde el punto de vista teórico, se confirma que la formalización de relaciones interculturales abre opciones para el desarrollo de nuevas dinámicas institucionales. Sin embargo, también se advierten las resistencias que existen a nivel institucional para la inclusión de grupos desaventajados de la sociedad en espacios de poder.

This paper undertakes a theoretical review of the main interpretations made by the social and human sciences on the Chilean popular revolt of 2019-2020 and its antecedents framed in a prolonged sociopolitical crisis. To this end, the paper is structured in four sections. First, a contextual characterization of the popular revolt is carried out, placing it as an exceptional phenomenon in recent history. Second, a review of early analyzes (1997-2005) is presented, in which the literature begins to account for social tensions and problems. Third, a review of the analyzes framed in the appearance of social conflict in Chile in the period 2011-2018 is performed to, finally, identify the readings specifically focused on the 2019-2020 revolt. The research was based on the review of 135 books, essays, academic articles and reports, in addition to a score of press releases and reports. From this, a grouping process was conducted around the central theses presented by the authors. This work allows us to identify three aspects: 1) the central nodes of analytical proposals on the phenomenon in each period, 2) the analytical continuities and discontinuities between periods, and 3) the central nodes of the current debate. This proposal combines the presentation of interpretations, together with the characterization of events and antecedents that allow the contextual framing of the discussions.