En la sociedad actual, las tecnologías emergentes no solo brindan mayor eficiencia y celeridad a todo lo ya existente, sino que, además, crean nuevos bienes, servicios, prácticas, espacios, mercados y negocios y también modifican las prácticas sociales, económicas y políticas, razón por la cual se las considera disruptivas. El mercado inmobiliario no es la excepción y la utilización de viviendas como instrumentos de inversión ha ido despojándolas de ser un espacio para el hogar, a fin de transformarse en cosas destinadas a maximizar utilidades. Esto ha llevado a reemplazar los tradicionales contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo por otros mucho más cortos. Los alquileres temporales (no hoteles) destinados igualmente al turismo, no son sujetos de derechos de autor de las entidades de gestión colectiva, al no ser considerados como público nuevo, de acuerdo con lo que se conoce como comunicación pública. El siguiente trabajo hará un desglose de lo que se entiende por comunicación pública, economía colaborativa, recientes decisiones judiciales y la estructura de plataformas digitales como Airbnb, considerada como “intermediaria” para el servicio de hospedaje temporal.

En una sociedad inquieta por la alteración de las condiciones de vida en la Tierra y fenómenos como el cambio climático, ha surgido la necesidad de exigir a los agentes del mercado que, dentro de sus prácticas de producción y de comercialización, tomen medidas que garanticen un equilibrio entre los requerimientos de consumo y la conservación de los recursos naturales. Este contexto, a su vez, ha sido una oportunidad para que los anunciantes creen marcas sugerentes y consientes del cuidado ambiental e innoven con mensajes publicitarios que atraigan a su población objetivo, con el fin de fortalecer su posición y reconocimiento en el mercado. Por ende, resulta interesante indagar si los mensajes “eco friendly’’ obedecen a la realidad de los productos o si, por el contrario, el acogimiento de esas proclamas publicitarias y marcarias configura prácticas comerciales irregulares que generan lesión en los derechos del consumidor a ser protegido de publicidad engañosa y, además, extralimitan los derechos que implica el uso de un signo distintivo.

La distintividad adquirida es una excepción a la normativa marcaria colombiana y permite el registro de signos que no se consideran distintivos intrínsecamente, pero han adquirido un segundo significado que les otorga la distintividad suficiente para ser registrados como marca. Es claro que es un mecanismo muy útil para quienes se han enfrentado al rechazo de su registro de marca y cuentan con la posibilidad de demostrar una trayectoria significativa, ventas importantes y un posicionamiento incuestionable, que se traducen en su conocimiento por parte de los consumidores dotándolas de distintividad. Al igual que la declaratoria de notoriedad, esta figura puede verse justificada en el reconocimiento de los esfuerzos de las empresas y empresarios que han llevado a cabo acciones e inversiones significativas para posicionar sus marcas en el mercado, utilizándolas de forma significativa, continua y efectiva en un territorio, ya que, gracias a ese uso calificado, los consumidores necesariamente podrán distinguir los productos o servicios que amparan y asociarlos a un origen empresarial determinado. A continuación, se abordará el estudio de la distintividad adquirida y su implementación en Colombia.

Este trabajo pretende demostrar la existencia de una dimensión jurídica en el discurso científico, resaltando la importancia de que sea observada, una de cuyas variables fundamentales es el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Para alcanzar la anterior meta, se realizó una investigación cualitativa, en la cual la revisión bibliográfica recayó en artículos y libros que trataran sobre las infracciones a los derechos de propiedad intelectual y a los derechos personales en el ámbito de las obras científicas, localizados en la base de datos Google Académico, priorizándose los publicados a partir del 2017. Se empleó también el método del análisis jurídico comparativo y el método del análisis exegético jurídico de las normas en materia de derecho de autor. Se aporta una definición acerca de la dimensión jurídica, las variables para su evaluación, los límites al discurso en las obras científicas y la argumentación sobre la necesidad del reconocimiento de tal dimensión, a partir de la vigencia de los derechos humanos. Se aporta además un estudio, desde perspectiva doctrinal y de análisis jurídico comparativo, del plagio en las obras científicas, los tipos de plagio y las posibles soluciones.

La investigación concentra los aspectos teóricos del derecho de las obligaciones con los técnicos de la tecnología de cadena de bloques, para proponer que los contratos inteligentes son solo una exteriorización del consenso que perfeccionó un acuerdo previo. En esta medida, se indica que la cadena de bloques mitiga los riesgos de incumplimiento, al tratar de garantizar la eficacia del negocio jurídico con base en la propuesta de valor de la tecnología y la ejecución previsible de las prestaciones del contrato.

El ejercicio de derechos de propiedad intelectual, particularmente en industrias como la farmacéutica, ha suscitado una discusión sobre los efectos anticompetitivos que pueden derivarse de las prerrogativas otorgadas por las patentes. Esta discusión ha logrado reunir a quienes sugieren que las normas de propiedad intelectual y las de protección a la competencia son regímenes antinómicos, como a quienes estiman que se trata de un conflicto aparente. Aun cuando en la actualidad la postura preponderante es que se trata de un conflicto aparente y que, por el contrario, son regímenes que persiguen objetivos compatibles, las prácticas de patentamiento que se presentan en industrias como la farmacéutica mantienen vigente esta discusión. Una de estas prácticas presuntamente anticompetitiva a juicio de algunos son los patent thickets o marañas de patentes. El presente escrito pretende abordar las vicisitudes sobre su definición, su relación con otros conceptos, como el patentamiento estratégico, y los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, haciendo visibles las aristas que esta problemática plantea de cara a la compatibilidad o incompatibilidad de los regímenes de propiedad intelectual y protección a la libre competencia.

El artículo aborda cómo se efectúa el examen formal a las solicitudes de registro de marcas que se presentan a través de la vía nacional ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Se realiza un acercamiento doctrinal a las distintas instituciones que confluyen en la evaluación de la solicitud de registro y, posteriormente, se presenta un estudio de casos que evidencia la manera de proceder de la Oficina y los errores en que incurren los solicitantes. Dicho análisis resulta pertinente para los practicantes de otras jurisdicciones que deseen un acercamiento al sistema de marcas cubanos, así como para toda persona interesada, inexperta en la materia, que desee proteger este tipo de activo intangible.

Un “trol de patentes” es una entidad que obtiene una serie de patentes sin llevar a cabo investigación y desarrollo, por ejemplo, adquiriéndolas en el mercado, y sin ninguna intención de trabajar las invenciones subyacentes produciendo y/o comercializando productos. Más bien, estas entidades se dirigen a otras empresas de las cuales simplemente sospechan que utilizan la invención patentada, amenazándolas con demandarlas por infracción de patentes y obligándolas a corresponder cánones (a menudo bastante elevados), incluso cuando la infracción de la patente en cuestión es incierta. Este artículo analiza este fenómeno desde la perspectiva del derecho de patentes estadounidense, adoptando una postura crítica del comportamiento abusivo por parte de algunas entidades no practicantes. De allí que el artículo toma como punto de partida el pleito estadounidense Blackbird contra Cloudflare, iniciado por un bufete de abogados boutique que es conocido por haber interpuesto más de 50 acciones de infracción de patentes contra entidades diferentes en un solo año.

El objetivo general del presente artículo es analizar si las características de la Ley 1834 de 2017, denominada Ley Naranja, fomentan el sector cultural en Colombia; esto comprende un recorrido a través del desarrollo, en la última década, de un modelo político-económico que pretende potencializar la cultura y fortalecer su contribución a la economía del país. Para la creación de este entorno económico se presenta una herramienta indispensable para el sector cultural y para la sostenibilidad de las organizaciones y agentes que la conforman, denominada Economía Creativa, siendo su base de negocio la transformación de los valores creativos en valores económicos. Esta tendencia ha impulsado la normatividad por la cual se busca desarrollar las industrias creativas en el país, las cuales tienen como campo de trabajo la propiedad intelectual, la creatividad y la cultura nacional.

La propiedad industrial, como disciplina especializada del Derecho, no se desliga de los conceptos clásicos del derecho de propiedad, sino que los conserva y potencializa gracias su calificación precisamente de industrial. No obstante, debido al alcance de la creatividad humana y las dinámicas del mercado, se han alcanzado objetos de protección mediante la propiedad industrial sobre las formas de los productos en sí mismas, la cuales, al ser protegidas mediante marcas (tridimensionales), le otorgan una exclusividad al titular que puede influir de manera negativa en el tráfico económico y en la competencia cuando dicha forma de producto carece de sustitutos en el mercado que satisfagan las mismas necesidades.