El estudio se ocupa de analizar los contenidos que se atribuyen a cada una de las tres ciencias penales más importantes, la política criminal, el derecho penal y la criminología, con especial atención a esta última. Describe las propuestas procedentes del ámbito jurídico, para luego analizar las procedentes del discurso criminológico. Se concluye la primera parte con una propuesta personal, en la que se aprovecha para aclarar la postura del autor en debates precedentes. La segunda parte del trabajo pone de relieve la importante contribución de la criminología española reciente al debate sobre el control social penal, las insuficiencias que aún muestra, singularmente en el abordaje de ciertos temas, y los desafíos que tiene por delante dentro de sí y en relación con las otras ciencias penales.

Este trabajo parte de la necesidad de explorar los efectos contraproducentes que puede generar la norma y sanción penal, más allá de su pretendida función preventiva. A través de una revisión crítica de la literatura, se propone una cartografía de estos efectos, atendiendo tanto al momento de comunicación como de aplicación de la norma, y distinguiendo entre aquellos que inciden directamente en el individuo y los que afectan de forma más general al conjunto de la ciudadanía. Se plantea que el castigo puede activar mecanismos que, en lugar de fomentar el cumplimiento, erosionan la legitimidad del sistema penal, generan oposición moral o provocan reacciones de desconfianza, cinismo y desafección hacia las normas. La norma penal, entendida únicamente como instrumento disuasorio, corre el riesgo de ignorar las normas sociales implícitas y la importancia de la legitimidad percibida. Esta omisión puede derivar en respuestas sociales que comprometen su eficacia e incluso estimulan el incumplimiento. Frente a la tendencia legislativa a reforzar el castigo sin evaluar sus consecuencias, este trabajo subraya la necesidad de considerar empíricamente no solo los efectos preventivos del castigo, sino también aquellos que pueden resultar especialmente nocivos para la credibilidad del sistema penal.

El presente artículo se encarga de determinar si la criminalización de los delitos económicos es legítima, en tanto hace un uso justificado de la institución social de la pena. De manera general, se responde a la cuestión de si es posible recurrir a la pena para hacer frente a conductas socialmente perturbadoras que tienen lugar en el ámbito de la economía. Para ello se tiene en cuenta una teoría realista de la criminalización. Luego se entra a discutir si la forma como se criminalizan los delitos económicos y las penas previstas para sus autores se corresponden con la función atribuida a la pena y las exigencias que imponen los principios penales de carácter garantista.

La discriminación que sufren las mujeres en prisión por la existencia de peores condiciones de cumplimiento que los hombres justifica reducir al máximo el uso de la prisión mediante una mayor utilización de alternativas penales. Con el fin de garantizar que las mujeres accedan a las alternativas en condiciones de igualdad, un análisis de género requiere comprobar si los tipos penales que las permiten esconden una selección masculinizada de conductas y, con relación a los criterios de aplicación, si se han tenido en cuenta las especiales circunstancias que acompañan a la delincuencia femenina y se han previsto contenidos específicos que atiendan sus necesidades. El estudio se centra en los trabajos en beneficio de la comunidad y la suspensión de la ejecución de la pena como paradigma de alternativas comunitarias especialmente adecuadas para la reinserción social de las mujeres.

Tras más de cuatro años de aplicación de la Ley 8/2021, resulta procedente un análisis crítico de la guarda de hecho, institución que la reforma consolidó como medida de apoyo formal y no meramente temporal, siempre que resulte suficiente y adecuada para proteger los derechos de la persona con discapacidad. La norma ha reforzado su carácter jurídico, diferenciando modalidades asistenciales y representativas, con o sin necesidad de autorización judicial, y ha planteado problemas prácticos, como la acreditación frente a terceros y la proyección en negocios jurídicos conexos. La experiencia acumulada permite evaluar su operatividad real y el criterio jurisprudencial desarrollado, destacando casos en que la guarda de hecho es considerada suficiente y aquellos en los que se requiere transición a curatela, lo que ofrece una visión clara del alcance y los límites de esta institución en la práctica.

Desde 1998 la posibilidad de exigir responsabilidad extracontractual a la Administración al margen del orden jurisdiccional contencioso-administrativo es muy limitada (proceso penal, acción directa contra la aseguradora), además de haberse excluido la acción del perjudicado contra el personal al servicio de la Administración. En este trabajo se sostiene que la obligación de acudir en todo caso ante el orden contencioso-administrativo ha convertido, en ocasiones, el derecho de los ciudadanos contenido en el art. 106.2 CE, en un privilegio sustantivo y procesal de la Administración No existe justificación para su extensión más allá de la derivada de la prestación de los servicios públicos (entendidos en sentido amplísimo), puesto que, por su naturaleza, en la resultante de las relaciones de derecho privado no hay ningún criterio de imputación singular diferente a la responsabilidad extracontractual civil. También se cuestiona la forma empleada para suprimir la exigencia de responsabilidad al personal de la Administración y el intento de excluir la RPA cuando se trata de sociedades mercantiles estatales o de que la acción directa contra la aseguradora sea conocida por el orden contencioso-administrativo.

El artículo se dedica al tratamiento que la doctrina alemana, española y chilena le ha prodigado al objeto del engaño, abordando las nociones de «hecho» y «juicio de valor». La respuesta tradicional a esta cuestión consiste en que el engaño ha de tener como objeto «hechos». Tal noción se ha entendido original y paradigmáticamente como aquellas circunstancias, eventos o estado del –así llamado– «mundo exterior». Ulteriormente se ha hecho participar de la noción de hecho a determinados estados intencionales tales como la convicción, la voluntad, la creencia, etc., dando lugar a la categoría de los hechos internos. Dicha aproximación se aborda junto con una crítica interna a dicho modo de proceder, lo que da pie a la formulación de una propuesta de reemplazo de la distinción entre hechos externos e internos por una que distingue entre hechos objetivos y subjetivos. Adicionalmente, se problematiza la concepción dogmática predominante sobre la noción de «hecho» como eventos, circunstancias o estados que exhiben una existencia espacio-temporal, reemplazándola por una concepción comprende al hecho como el contenido proposicional de una aserción cuando esta es verdadera, la que tiene la virtud de exhibir la conexión interna entre las nociones de «aserción», «hecho» y «verdad», cuya comprensión es crucial para la interpretación del engaño en la estafa. Lo anterior dará pie para abordar –de un modo divergente al de la doctrina tradicional– la cuestión del engaño a través de la formulación de juicios de valor, afirmando la posibilidad de que a través de ellos se pueda engañar de forma típicamente relevante, consistiendo el engaño en la afirmación (usualmente implícita) de la suscripción del estándar al que se apela a efectos de evaluar.

En la discusión penal y penitenciaria no es usual recurrir a argumentos económicos demasiado dilatados, primando generalmente la óptica jurídica y/o criminológica sobre estas cuestiones. Sin embargo, el argumentario económico tiene seguramente un papel trascendente en la configuración de las políticas públicas. Este trabajo pretende seguir esta senda, concretamente, ensayando una reflexión principalmente económica sobre las posibilidades de expandir el uso del régimen abierto. Sobre la base de una serie de premisas hipotéticas, se elabora un modelo básico de gasto penitenciario sobre el que se efectúan una serie de proyecciones. Los resultados sugieren las notables ventajas económicas de un cambio moderado de nuestro modelo de ejecución de penas. Más importante que esto es, sin embargo, observar que este tipo de cambios no han de desalentar, sino más bien reforzar, el esfuerzo de humanización y racionalización penal compartido por la doctrina.

La naturaleza puramente financiera de los contratos de crédito presenta particularidades tanto económicas como jurídicas que los distinguen de los contratos que corresponden a otras funciones y esquemas. Una comprensión adecuada de las características diferenciadoras de estos contratos resulta esencial para diseñar políticas jurídicas que no solo se adapten a la realidad económica, sino que además sean capaces de abordar satisfactoriamente las cuestiones centrales del Derecho de contratos para las relaciones crediticias, incluyendo los aspectos relativos a la protección de los consumidores y a las cláusulas abusivas.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal se aplica únicamente a actos que se han llevado a cabo con finalidad concurrencial. Los tribunales han tenido especiales problemas para aplicar este requisito de aplicación de la Ley, de forma que, transcurridos casi 35 años desde su promulgación, no existe una interpretación jurisprudencial homogénea, lo que implica una importante falta de seguridad jurídica. El presente artículo pretende proporcionar una interpretación uniforme del requisito de la finalidad concurrencial. Para ello, examina su origen histórico, ofrece tres posibilidades razonables de interpretación del mismo, y tras optar por una de ellas, propone una metodología para determinar la existencia –o ausencia– de finalidad concurrencial en sede judicial.