El presente es un artículo de reflexión realizado con el método bibliográfico-documental y tiene por objetivo relacionar tres teorías sobre el racismo, en específico, y la exclusión de las diferencias, en general, con el llamado síndrome de decadencia desarrollado por Erich Fromm. En tanto que las teorías sobre el racismo aquí trabajadas no contienen en mayor medida una reflexión psicoanalítica, este artículo busca contribuir a llenar ese vacío. Para conseguir este objetivo, primero, se elaboran los conceptos de narcisismo y racismo estructural; segundo, se comparan los términos necropolítica y necrofilia, y, finalmente, se conjugan la fijación simbiótica con la madre con la momificación cultural. Como base para desarrollar estos conceptos se toman los pensamientos de Sueli Carneiro, Aquille Mbembe y Frantz Fanon, respectivamente, de modo que el freudomarxismo frommiano posibilite, debido a su naturaleza materialista y psicoanalítica, una articulación teóricaveficiente de lo que son las propuestas de estos autores críticos del racismo.

Este artículo analiza la migración internacional en Latinoamérica, partiendo de los elementos que se destacan en la migración internacional, donde factores como la política y la economía determinan los lineamientos que deben ser parte de la migración. Como ejemplo, se describe lo sucedido en México en las últimas décadas. Además, también se conceptualizan las palabras refugiado y asilo con el propósito de establecer si es posible acceder a estas protecciones desde la perspectiva de los derechos humanos y los derechos fundamentales, pues unos derechos se otorgan por ser humanos y otros por ser ciudadanos.

Debido a la evolución de la criminalidad, se hizo necesario pensar en nuevas formas de imputarle responsabilidad a aquellos agentes que no participan de manera directa y muchas veces siquiera cercana al hecho punible. Gran parte de la doctrina penal comenzó a brindar soluciones para la judicialización de la macrocriminalidad, las cuales eran propuestas bajo el contexto de sus ordenamientos internos. Dentro de la gama de soluciones brindadas reluce la desarrollada por Claus Roxin, quien fundamenta la responsabilidad de los superiores a partir de una reformulación de la autoría mediata, concibiéndola como un dominio sobre la organización, este postulado fue aceptado y aplicado por ordenamientos foráneos a la nacionalidad del teórico, como el peruano o el argentino, y en la última década, se ha querido aplicar en Colombia. Ahora bien, como son tradiciones jurídicas las que han venido adoptando dicho postulado, realizamos una investigación microcomparativa con enfoque en la autoría mediata como institución jurídico penal presente en los ordenamientos escogidos, con el fin de determinar las características propias de los sistemas alemanes, peruanos y argentino para constatar la aplicabilidad de dicha teoría en Colombia, lo que nos dio como resultado un margen de excepcionalidad, es decir, un marco bastante limitado en el cual se hace posible la aplicación de la tesis del instrumento responsable.

Este artículo es producto de una indagación que buscaba analizar la relación existente entre las representaciones sociales de los hombres sobre la inasistencia alimentaria y su compromiso con los deberes hacia sus hijos e hijas en cumplimiento y garantía de sus derechos. Esta indagación tuvo lugar en la Villa de San Diego de Ubaté, municipio ubicado al sur del departamento de Cundinamarca, Colombia, donde se efectuó una exploración sobre el tema con la participación de diez hombres que, en su condición de padres, aportaron información relevante. Los datos se recopilaron a partir de entrevistas semiestructuradas que se transcribieron y analizaron con base en las teorías aportadas por la revisión documental realizada sobre la temática. A partir de esta análisis, se llegó a la conclusión de que los participantes expresaron concepciones y acciones que reflejan incumplimiento de las responsabilidades paternales asociadas a la asistencia alimentaria de sus hijos e hijas. Lo anterior muestra la existencia de una problemática derivada de un modelo patriarcal e incrustada en este. Dicho modelo ha definido, tradicionalmente, roles específicos a los hombres que, de manera particular, los obliga a suplir las necesidades básicas del hogar, a la vez que obstaculizan prácticas de paternidad orientadas hacia la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los derechos humanos, al ser una intencionalidad de la subjetividad humana, pluralizan exponencialmente su contenido y entendimiento. Esto debido a que la subjetividad humana se manifiesta materialmente en subjetividades humanas, es decir, fenoménicamente no existe una mera subjetividad humana, ya que esto implicaría pensar en que existe una homogeneidad cultural, moral,teológica, racional y social. En esta dinámica, hablar de derechos humanos, como producto de las subjetividades humanas, representaría una óptica sesgada y acotada al entendimiento Occidental. Es por ello que, desde una lógica incluyente, hablar de derechos humanos involucra, imperativamente,hablar también de sus equivalencias. Es en este contexto en el que este artículo representa un esfuerzo reflexivo y crítico en torno a la etiología de los derechos humanos, la cual se aborda desde aristas más allá de las occidentalizadas; por lo que el presente trabajo representa un arrojo intelectual que plantea algunas bases teóricas tendientes a contribuir al debate pensativo plural sobre los derechos y sus causas.

Este artículo presenta los resultados de la investigación cuyo objetivo principal es determinar si la extensión de la jurisprudencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado, figura creada por la Ley 1437 de 2011, en relación con la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, ha sido eficaz como mecanismo de descongestión judicial. El trabajo arroja algunos datos tajantes, entre los que se encuentra la poca aplicación que se le ha dado a este mecanismo de extensión de jurisprudencia en este tipo de responsabilidad y la nula viabilidad que le están proporcionando a estas solicitudes la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial en Colombia.

En la actualidad, el tema del trabajo informal reviste gran importancia en cuanto análisis y reflexión de una situación que se convierte en problemática cuando las personas que trabajan en el espacio público se ven enfrentados a retos relevantes para conseguir hacer legítimos sus derechos. En este marco se inserta la temática que se analizó en este caso con el propósito de, delimitar las condiciones a través de las cuales los vendedores estacionarios y ambulantes del centro histórico de Chiquinquirá, son visibilizados como fenómeno social que debe ser atendido a partir de su reconocimiento como personas con derecho al trabajo, al uso y disfrute del espacio público. La reflexión se centró en el contexto particular de la localidad de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá, Colombia y se ubicó en el marco de los derechos humanos. Metodológicamente, corresponde a una investigación cualitativa con enfoque de estudio de caso y el uso de la entrevista como medio para la obtención de información proporcionada por los participantes; el análisis de la misma se hizo mediante un proceso lógico y coherente que llevó a establecer lo significativo de la realidad investigada. El principal hallazgo expresa que las y los vendedores informales no son tratados y reconocidos como sujetos con derecho al trabajo en un contexto que no les proporciona condiciones para vivir, desarrollar sus capacidades y proyectos de vida tanto de forma individual como del grupo familiar.

El 5 de agosto del 2022 se cumplen dos décadas de la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por parte de Colombia, por lo cual se propone una revisión de los aspectos más relevantes surgidos de dicho tratado. En consecuencia, el presente artículo identifica el alcance y los límites de la Corte Penal Internacional para investigar y juzgar a ciudadanos colombia- nos, la situación actual y el panorama que se avizora en el país, teniendo en cuenta los graves crímenes que se han cometido en el territorio nacional durante el conflicto interno y al margen de este. Se pondrá en evidencia el reto que tiene el Estado colombiano para mostrar resultados tangibles frente a las investigaciones penales y los efectos, si no interviene de manera satisfactoria con su aparato judicial, acorde con los mandatos del Estatuto de Roma.

La conciliación contenciosa administrativa es un procedimiento complejo, el cual, conforme a las estadísticas, no muestra resultados óptimos en lo que respecta a producir menores demandas y condenas al Estado. Es por esto que el propósito de esta investigación es verificar si la conciliación contenciosa administrativa cumple con los requisitos de la tutela judicial efectiva (TJE). Usamos esta última por analogía para llegar a nuestro objetivo así: 1. El derecho de acceso a la jurisdicción, 2. El derecho a obtener un procedimiento de conciliación fundado en el derecho objetivo, 3. El derecho a los recursos que las leyes establezcan contra las resoluciones judiciales, 4. El derecho a la ejecución de las actas de conciliación, 5. El derecho a la inmodificabilidad de los acuerdos logrados y 6. El derecho a no sufrir indefensión en el proceso de conciliación. Como resultado, se obtiene que se vulneran dos de las garantías enunciadas, la primera es que el artículo 243 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no permite apelar a las partes en conflicto, el auto que aprueba o deniega la homologación del acuerdo, y la segunda es que, por el procedimieno tan complejo, se obtienen menos del 30 % de homologaciones a los acuerdos, lo que hace del mecanismo de resolución de conflictos uno poco eficaz.

Como producto del proceso de globalización existe una asimetría entre el corpus iuris internacional de derechos humanos y las normas internas de derechos fundamentales. Aunque la globalización tiende hacia la homogenización del derecho y la cultura, simultáneamente implica el desconocimiento de culturas e identidades sociojurídicas. Con un método descriptivo-propositivo, se toma la premisa de que “la aplicación de los derechos humanos es universal” y se propone el establecimiento de medidas que armonicen el plano supra-nacional frente a los reconocimientos antropológico, histórico y cultural del habitante humano, desde una dimensión multicultural de las expresiones jurídicas. Con este propósito, se concluye dos alternativas: la primera desde lo micro con la aplicación del modelo dialógico para lograr un diálogo intercultural, el cual partirá desde la base de la incompletitud y la debilidad existentes entre culturas para arribar a la construcción fenomenológica de una conciencia colectiva. Y segundo, en el plano macroestatal, establecer diálogos interjudiciales ascendentes desde los jueces nacionales hacia las cortes internacionales pertenecientes a los sistemas regionales de protección de derechos humanos.